Alberto Acosta – De la deuda de la Independencia a deuda de la dependencia

De la deuda de la Independencia a deuda de la dependencia

 Alberto Acosta[1]

 “Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa”.

 

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

Artículo publicado en el libro: LA ECONOMIA POLITICA DE LA INDEPENDENCIA  – ENSAYOS DE HISTORIA ECONOMICA POR EL BICENTENARIO

Banco Central del Ecuador- FLACSO

Quito, 2010

En tiempos de bicentenario de la Independencia es bueno recordar que la deuda externa ha sido una suerte de telón de fondo en toda la historia de la República del Ecuador. Tan es así, que esta deuda comenzó a incidir en la vida nacional cuando Simón Bolívar recurrió a prestamistas internacionales con el fin de conseguir financiamiento para armar sus ejércitos.

Desde los primeros empréstitos extranjeros, contratados a principios del siglo XIX, hasta la moratoria de la deuda externa en los albores del tercer milenio, la economía ecuatoriana -al igual que las otras economías latinoamericanas- ha atravesado por una serie de períodos de auge y crisis, estrechamente vinculados a los ciclos de las economías capitalistas centrales. Este proceso, que fue cobrando fuerza en la medida que se consolidaba y difundía el sistema capitalista y la integración de las economías lati­noamericanas al comercio mundial, afianzó su dependencia.

 

Reconozcamos que esta deuda es, en todo momento, la expresión más visible de una evolución que va mucho más allá del simple campo financiero y aún económico. Por eso no cabe afirmar simplemente que la deuda externa y su manejo hayan ocasionado las repetidas crisis económicas en la región. La deuda en sí es otra manifestación de las crisis del propio sistema capitalista. Y como tal se sucede cíclicamente, con una serie de elementos nuevos y otros que ya se repitieron en épocas anteriores: a mediados de la década de los 20, a principios de los años 70 o en los años 90, durante el siglo XIX; o en la famosa depresión de los años 30 o en los años 80 y 90, ya en el siglo XX. Epocas en las cuales la deuda no simplemente fue un problema financiero, sino que desempeñó un papel importante como palanca para imponer la voluntad de los países acreedores sobre los deudores. Imposición que revistió diversos caracteres, inclusive violentos.

 

Por eso no cabe afirmar simplemente que la deuda externa y su manejo hayan ocasionado las repetidas crisis económicas en la región. La deuda en sí es otra manifestación de las crisis del propio sistema capitalista. Y como tal, se sucede cíclicamente, con una serie de elementos nuevos y otros que ya se repitieron en épocas anteriores: A mediados de la década de los 20, a principios de los años 70 o en los años 90, durante el siglo 19; o en la famosa deprecsión de los años 30, o en los años 80 o 90, ya en el siglo 20. Épocas en las cuales la deuda no simplemente fue un problema financiero, sino que desempeño un papel importante como palanca para imponer la voluntad de los países acreedores sobre los deudores. Imposición que revistió diversos caracteres, incluso violentos

 

Entonces, como punto de partida tengamos presente que, aún antes de su creación como república independiente, la Gran Colombia, de la cual formaba parte el Ecuador, este país atravesó por una serie de dificultades económicas y políticas derivadas de la deuda externa. Y desde esos lejanos años, en repetidas ocasiones, el diseño y aplicación de sus políticas económicas estuvieron sujetos con demasiada frecuencia a condicionamientos exógenos. Así, la deuda externa, que constituye un elemento más de la situación de dependencia de la economía ecuatoriana, es parte sustancial de la historia socioeconómica y, sobre todo, de la vida política nacional. Dicho en otras palabras, deuda externa y política económica son un par inseparable…

 

Los Estados Unidos abren la puerta a los chulqueros

 

Para independizarse de España, los pueblos latinoamericanos requerían de armamento, equipos, uniformes y muchos otros pertrechos bélicos que debían adquirir en el exterior. En este esfuerzo participó inicialmente Francisco de Miranda, segundo presidente de Venezuela, quien recorrió las cortes europeas y visitó también los Estados Unidos en busca de apoyo para la causa. Su labor precursora, determinante para desatar el proceso independentista, no contó, sin embargo, con el respaldo efectivo de los gobiernos europeos -el francés o el inglés, en especial- y menos aún del norteamericano. Por esta razón, para financiar sus expe­diciones, tuvo que recurrir a ciertos círculos poco escrupulosos que le proporcionaron recursos financieros y bélicos a precios exorbitantes.

 

Así, el costo de la expedición, que llegaría en un viejo navío rebauti­zado “Leandro” -nombre de su primer hijo-, cuyo monto real era de 72.473,89 dólares, se incrementó en casi 200 por ciento, llegando a la suma de 217.041 dólares por efecto de los intereses usurarios.

 

Luego de los esfuerzos iniciales de Miranda, que culminaron con sucesivas derrotas militares, y una vez constituida la Junta Suprema de Caracas, en 1810 partió la primera misión oficial al viejo continente. Estuvo integrada por el propio Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez, quien permaneció en Londres como agente del gobierno de Venezuela.

 

Los préstamos se contrataron en Europa habida cuenta de que no se consiguió el respaldo buscado en los Estados Unidos, los mismos que según James Monroe, “se encontra­ban en paz con España y no podían, con ocasión de la lucha que ésta mantiene con sus diferentes posesiones, dar ningún paso que comprometa su neutralidad…”.

 

Es más, los Estados Unidos no sólo no apoyaron la emanci­pación de las colonias del sur, sino que procuraron retrasarla, comprometiéndose a entregar suministros a los españoles hasta cuando su poderío pudiera competir con el imperio británico. Ya en 1781, Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América entre 1801 y 1809, anticipó esta estrategia norteamericana: “Es necesario posponerla (la emancipación, NdA), hasta que los Estados Unidos puedan beneficiarse con ella y no Inglaterra”.  De esta manera, Jefferson y luego el presidente James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, durante el período 1809 -1817, subordinaron su posición frente a las colonias españolas a sus contradicciones con la Gran Bretaña, de cuyo dominio se había libe­rado pocos años antes.

 

Esta estrategia explica claramente las razones que hicieron demorar, por casi doce años, el reconocimiento oficial a los primeros representantes de la emancipación hispanoamericana. Tal acto tuvo lugar en marzo de 1822, cuando la Junta Suprema de Caracas lo había solicitado en junio de 1810. No deja de sorprender esta posición si se recuerda que la “República de Texas” fue reconocida un año después de su “indepen­dencia”; que al filibustero William Walker que estableció, en junio de 1855, su “república”en Nicaragua, le reconocieron en noviembre del mismo año; a Panamá, a los tres días de que los mismos yanquis le “independizaran” de Colombia. La “independencia” de Texas fue aceptada al año siguiente de su proclamación… Y así a tanto dictadorzuelo sumiso y obsecuente a los intereses norteamericanos. Mientras que a la República negra de Haití la reconocieron a los 58 años de su Independencia.

 

El mismo Simón Bolívar mostraría su “indignación”, su “extrema repugnancia y el dolo”contra las acciones de “los protectores o auxilia­dores de nuestros feroces enemigos”, al referirse al apoyo que, directa e indirectamente, brindaban los Estados Unidos a España durante las guerras de Independencia.

 

“La imparcialidad que es la gran base de la neutralidad desaparece en el acto que socorre a una parte contra la voluntad bien expresada de la otra, que se opone justamente y que además no exige ser ella la soco­rrida. (…) Hablo de la conducta de los Estados Unidos del Norte -decía Bolívar- con respecto a los independientes del Sur, y de las rigurosas leyes promulgadas con el objeto de impedir toda especie de auxilios que pudiéramos procurarnos allí. Contra la lenidad de las leyes americanas se ha visto imponer una pena de diez años de prisión y diez mil pesos de multa, que equivale a la de muerte, contra los virtuosos ciudadanos que quisiesen proteger nuestra causa, la causa de la justicia y de la libertad, la causa de la América”.

 

En su carta fechada el 20 de agosto de 1818 a Bautista Irvine, agente de los Estados Unidos de la América del Norte cerca del gobierno de Venezuela, continuaba el Libertador:

 

“la prohibición no debe enten­derse sino directamente contra nosotros que éramos los únicos que necesitábamos protección. Los españoles tenían cuanto necesitaban o podían proveerse en otras partes. Nosotros solo estábamos obligados a recurrir al Norte así por ser nuestros vecinos y hermanos, como porque nos faltaban los medios y las relaciones para dirigirnos a otras potencias. Mr. Cobbert ha demostrado plenamente en su semanario la parcialidad de los Estados Unidos a favor de España en nuestra contienda. Negar a una parte los elementos que no tiene y sin los cuales no puede sostener su pretensión cuando la contraria abunda en ellos es lo mismo que condenarla a que se someta, y en nuestra guerra con España es destinarnos al suplicio, mandarnos a exterminar. El resultado de la prohibi­ción de extraer armas y municiones califica claramente esta parcialidad. Los españoles que no las necesitaban las han adquirido fácilmente al paso que las que venían para Venezuela se han detenido”.

 

Esta posición norteamericana hizo que, en más de una ocasión, Bolívar expresara su preocupación visionaria frente al coloso del norte, ante el cual recomendó, en carta del 13 de junio de 1826 al general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, “la mayor vigilancia sobre estos americanos (los norteamericanos, NdA) que frecuentan las costas: son capaces de vender a Colombia por un real…” Y llegó a anticipar al coronel Patricio Campbell, encargado de negocios británico, en carta enviada desde Guayaquil el 5 de agosto de 1829, que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la Libertad”. Y continuó, como previendo el fin de la Gran Colombia: “Me parece que ya veo una conjuración contra esta pobre Colombia, ya demasiado envidiada de cuantas repúblicas tiene América”.

 

Primeros empréstitos e imperialismo inglés

 

Ante la insuficiencia de recursos financieros propios y sin el apoyo esperado de los Estados Unidos, las fuerzas rebeldes, empeñadas en una desigual lucha contra los entrenados y los bien apertrechados ejércitos de la metrópoli colonialista, contrataron costosos créditos en el viejo continente, sobre todo Gran Bretaña. Este país tenía claros intereses comerciales para debilitar la presencia española en América.

 

De esta manera, los préstamos conseguidos, aún cuando no fueron otorgados directamente por el gobierno inglés, legitimaron a las nacientes repúblicas, aún antes de ser reconocidas políticamente. Es más estos créditos, detrás de los cuales se escondían los intereses imperiales británicos, contribuyeron al logro de dicho reconocimiento por parte de Gran Bretaña y otros países europeos. Intereses económicos -comerciales y financieros- se engarzaron con los intereses políticos de dichos países, empeñados en destruir al imperio español y “reconquistar” Nuestra América en función de los intereses de los acreedores. (Ana Gimeno 1988)

 

Los bancos y comerciantes de Londres, apoyados por políticos y diplomáticos, por agentes e inversionistas, que habían logrado suplan­tar a Amsterdam como centro financiero mundial durante las guerras napoleónicas, encontraron en América Latina una serie de posibili­dades para extraer riqueza directamente, sin intermediación de España. Minas de oro y plata, extracción de perlas y, sobre todo, el comercio para sus manufacturas eran los principales atractivos.

 

En esos años se había dado paso a una suerte de redescubrimiento de la América Latina por parte de varios viajeros e investigadores europeos. El más notable de ellos fue Alexander von Humboldt, considerado su “segundo descubridor” para la ciencia, el arte, la literatura y por cierto fue uno de los pioneros en la universalización del conocimiento científico. Sus obras, escritas a raíz de su larga expedición por Nuestra América (1799-1804) constituyeron un aporte en esta dirección. Egor Erwin Kisch[2] (citado por Otmar Ette) escribiría durante su exilio mexicano, en la revista “Freies Deutschland”, editada en 1942, que los aportes de Humboldt

 

“tuvieron repercusiones políticas y económicas muy profundas, pero también ambivalentes. Aquellas obras atrajeron fundamentalmente el interés del incipiente capitalismo colonial. ¿Cómo, todavía existen esos territorios inmensos en una economía por desarrollar y esos fabulosos yacimientos, y esa mano de obra dócil y poco exigente? Pues vamos a excavar allí nuestras minas (de plata, claro está) y a construir nuestros altos hornos; vamos a invertir nuestros capitales en aquellas tierras y a desarrollar en ellas nuestros métodos de trabajo”.

 

El afán científico que movió a ese gran berlinés para llegar a América y su gran aporte, sin que esto represente una acusación en su contra, no pueden desvincularse de la expansión económica y política de las potencias europeas. Humboldt lo sabía. “Los progresos de los conocimientos cósmicos exigieron el precio de todas las violencias y horrores que los conquistadores, que se tenían a sí mismos por civilizados, extendieron por todo el continente”, escribió en su obra magna: “Cosmos o Ensayo general de una descripción física del Universo” (1848-1858).

 

¿Cuánto de ese espíritu descubridor-conquistador está todavía hoy vigente?, es una pregunta que flota en el ambiente… y que no termina por ratificarse o desaparecer.

 

Detrás de los investigadores llegaron financistas, comerciantes, políticos y ocasiones militares, en calidad de cobradores. Gran Bretaña, una economía con gran poderío marítimo mercantil, no sólo colocó sus recursos financieros en condiciones venta­josas, sino que, a través de sus créditos, abrió mercados a sus productos al tiempo que incrementó su influencia política a costa del control de las economías de los países deudores. Estos, a su vez, tuvieron que subordinar sus economías y aún su vida política al pago de onerosas deudas.

 

La Independencia había creado las condiciones propicias para la invasión financiera. “La tarea está hecha -proclamaría lord George Canning, en 1825- el clavo está enterrado; la América española es libre; si maniobramos con habilidad será nuestra. Refiriéndose a la Independencia de Nuestra América, exclamó “Nada ha producido un entusiasmo seme­jante en toda la historia financiera de Inglaterra”. Y un banquero inglés, ante el frenesí financiero desatado, exclamó que “parecería que la locura había hecho presa del Royal Exchange (la Bolsa de Londres)”.

 

Si ya entonces los préstamos sirvieron para una primera apertura del mercado latinoamericano, especialmente en las últimas décadas del siglo XX la deuda externa, con las políticas de ajuste y los programas de estabilización inherentes a las renegociaciones de dicha deuda, buscaron igual objetivo: apertura de los mercados en función de una reformulación capitalista de la división internacional del trabajo, como parte de la transnacionalización de la economía mundial. Además, los empréstitos siempre han sido un mecanismo más para asegurar la tasa de ganan­cia del capital, por lo que, insistamos, su flujo ha dependido de la situación económica de los países centrales, antes que de las necesidades de los países subdesarrollados y dependientes.

 

Es importante conocer que los préstamos iniciales se enmarcaron, además de la búsqueda de recursos para comprar armas, en un posterior proceso bastante amplio de ampliación de la infraestructura y también de “europeización” de las nacientes repúblicas de la región, tal como sucedió en otras partes del mundo: Egipto, el Imperio Otomano, Persia, Túnez y Marruecos, para citar algunos ejemplos a más de América Latina. En muchos casos, los préstamos precedieron a la intervención colonialista directa (Túnez y Marruecos) o fueron parte de los esquemas de neocolonización de países recientemente libe­rados, como sucedió en América Latina.

 

Con la deuda inglesa empezó la deuda de la dependencia

 

Desde comienzos del siglo XIX fueron varios los compromisos financieros adquiridos en Londres, París, Hamburgo, Amsterdam y Rotterdam. A estos créditos se los conoce como“deuda inglesa”, porque en la capital británica se constituyó el Consejo de Tenedores de Bonos. A más de los comités británicos existían asociaciones alemanas y francesas que participaban en las discusiones. Estas organizaciones, por sus objetivos e inclusive por su forma de actuar, pueden ser consideradas como un germen de las que en la actualidad agrupan a los acreedores internacionales: Club de París para los gobiernos acreedores y los “comités de gestión” para la banca privada internacional o banca comercial, sobre todo antes de las negociaciones del Plan Brady.

 

Concretamente en 1868 se constituyó la Corporación de Tenedores de Bonos Extranjeros de Inglaterra, que, a partir de 1873 -en medio de una nueva crisis, la cual anunciaba el fin del liderazgo británico-, empezó a publicar informes y a influir poderosamente en el mundo financiero internacional. Aunque ya antes, como fue en el caso ecuatoriano, estos comités tendrían una significativa participación en algunos procesos de renegociación de la deuda.

 

En los primeros préstamos, que se concretaron cuando Bolívar preparaba la expedición de Los Cayos en 1815, intervinieron los señores José María del Real, que había llegado en 1814 a Europa, y Luis López Méndez, que formó parte de la misión de Bolívar con Andrés Bello, en calidad de representantes de los nacientes gobiernos de Nueva Granada y Venezuela, respectivamente. Sus gestiones con el financista James Mackintosh y otras personas dieron como resultado la contratación de préstamos con un descuento -forma de cobrar anticipadamente parte de los intereses- que oscilaba entre el 50 y el 78 por ciento; el saldo de los recursos contratados era destinado a la compra de armas y pertrechos militares, en condiciones sumamente onerosas: Por un uniforme se llegó a pagar hasta 16 libras esterlinas, monto elevado aún para esa época.

 

Estos negociadores, en particular López Méndez, se habían desempeñado también en la conformación de las expediciones de ingleses, irlandeses y alemanes que venían como voluntarios a combatir por la emancipación de América Latina.

 

Con miras a solucionar los problemas originados por la contratación tan costosa de los créditos, el 24 de diciembre de 1819, el Libertador Simón Bolívar designó al vicepresi­dente Francisco Antonio Zea, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República ante algunos gobiernos europeos y, al mismo tiempo, como agente fiscal, para que atendiera el tema de los créditos adquiridos. En esta calidad, este antioqueño se convirtió en el primer renegociador de la deuda.

 

El agente fiscal partió, además, con autorización para contratar una deuda adicional por 5 millones de libras esterlinas, destinada a satisfacer los reclamos derivados de anteriores créditos, contratados con unos doscientos mercaderes y fabricantes de material bélico: casi desde un primer momento las renegociaciones se orientaron a contratar nuevas deudas para pagar los vencimientos de las anterio­res obligaciones, como sucedería con mucha frecuencia a lo largo de la historia de la República, véase, por ejemplo, la negociación de los Bonos Brady. En esta ocasión, con el saldo se compró más armas y un porcentaje adicional se destinó a reponer recursos a otras entidades del Estado, así como para crear líneas de crédito para la agricultura, que beneficiaron a varios terratenientes.

 

En ese entonces, los préstamos externos ya eran importantes para el financiamiento fiscal, que no encontraba los recursos suficientes por la vía de los ingresos aduaneros y menos aún de los tributarios.

 

Zea, que encontró una situación bastante enredada, negoció con la casa financiera Charles Herring, William Graham y John D. Powles, consiguiendo, el 13 de marzo de 1822, un empréstito de dos millones de libras esterlinas, con el 20 por ciento de descuento y con un interés del 6 por ciento sobre el monto nominal de la deuda.

 

Con estos recursos, Zea procedió a redimir los vales provisio­nales o debentures -rebautizados posteriormente por Eloy Alfaro como “las desventuras de Colombia”-, que él mismo, en calidad de agente fiscal, había emitido con gran ligereza en cuanto llegó a Londres. A pesar de que Zea logró una contratación aceptable, hay que señalar que “lo malo que hubo en la operación es que el Ministro admitió como dinero sonante innumerables vales que él mismo había dado con suma facilidad y ligereza” a los acreedores de la deuda apenas llegó a Europa. Es más, en esos años la posición de la Gran Colombia en Europa se complicó, pues López Méndez, el anterior delegado de Bolívar, no quiso retornar a Colombia y reconocer al nuevo delegado colombiano, y continuó negociando como si fuera el único agente del gobierno.

 

La operación financiera de Zea, basada en el reconocimiento indiscriminado de los documentos que presentaron los acreedores -excepción hecha de los que entregó López Méndez a James Mackintosh el 27 de febrero de 1821- mientras no tuviera instrucciones gubernamentales, gestó muchos dolores de cabeza. Dada la generosidad, la ingenuidad y el desconocimiento con que Zea aceptó los documentos que se le presentaban, los recursos conseguidos en tan sorprendentes transacciones se evaporaron rápidamente. Es indudable que entonces se sentaron las bases para un problema complejo y de difícil solución.

 

“El negocio de Zea (la contratación de la deuda) es el segundo mal de Colombia (…). Recibió dos millones y doscientos mil pesos, y dio el valor de diez millones”.

Las pérdidas inmediatas: dos millones de pesos para Colombia y la vida del señor Goldschmidt, quien se mató de un balazo. La crisis se agravó por el manejo fiscal y, particularmente, por el tema de la deuda externa, en la cual la actitud de los negociadores colombianos fue “descaradamente deshonesta”, lo cual condujo a la adopción de“condiciones igualmente escandalosas y perjudiciales para los intereses de la nación”.

 

En estas circunstancias de crisis interna y externa, Vicente Rocafuerte Bejarano, quien llegaría a ser el segundo presidente del Ecuador (1835-39) y que para entonces se hallaba al servicio del gobierno de México, y había logrado en Inglaterra un empréstito para ese país, lo transfirió a Colombia, “su Patria en apuros, a pedido de Bolívar”. La unión y la solidaridad de las nacientes repúblicas sirvieron para garantizar los pagos y no para respaldar efectiva y masivamente las decisiones de suspensión de los mismos…

 

Esta historia de solidaridad latinoamericana para atender las exigencias de los acreedores se repetirá en algunas ocasiones. En 1988, el gobierno ecuatoriano, forzado por la gravedad de la situación económica, recurrió a un “crédito puente” del gobierno de Venezuela por 24 millones de dólares, destinado a desbloquear los atrasos que limitaban el flujo de los créditos aprobados por los organismos multilaterales de crédito, toda vez que no se consiguió el apoyo del gobierno de los Estados Unidos… Pocos años antes, Argentina también había experimentado la solidaridad de otras naciones latinoamericanas que le otorgaron un crédito para que no cayera en la moratoria. Los países de la región han colaborado con sus vecinos para que no suspendan los pagos, pero han sido muy poco solidarios en la búsqueda de alguna salida común que afecte el sistema de dominación impuesto por los acreedores.

 

Para colmo de males, en 1829 se produjo un enfrentamiento bélico entre Perú y la Gran Colombia, que afectó particularmente al Departamento del Ecuador.

 

Luego de la batalla de Ayacucho, el 9 diciembre de 1824, se había establecido una comisión para determinar el monto que Colombia había prestado al Perú en materiales de guerra y diver­sos gastos del ejército libertador, de acuerdo a los compromisos adquiridos antes del envío de las tropas colombianas al Perú. Esta comisión insistió en varias oportunidades al vecino del sur debido a las dificultades financieras que atravesaba la Gran Colombia, sobre todo luego de la quiebra de la casa Goldschmidt. Pero la respuesta peruana fue dilatoria y, en lugar de contribuir a solucionar el proble­ma, se convirtió en otro tema para irritar los ánimos entre las dos flamantes repúblicas vecinas.

Esta deuda pendiente y otros motivos políticos, particularmente los problemas de límites -la retención por parte del Perú de la provincia de Jaén y parte de la de Mainas, que la Gran Colombia consideraba como suyas- enrarecieron la atmósfera de las relaciones colombo-peruanas hasta desembocar en la invasión peruana del sur de Colombia, el bloqueo del golfo de Guayaquil y la ocupación del puerto por parte de las tropas del vecino del sur liberado de los españoles por la Gran Colombia, y la posterior batalla de Tarqui, el 27 de febrero de 1829.

 

En las declaraciones previas al conflicto y durante las conversaciones desplegadas para tratar de impedir el enfrentamiento, uno de los puntos destacados fue el reclamo colombiano del pago de la deuda y el cumplimiento del convenio para el envío de las tropas colom­bianas al Perú. Luego, en el artículo tercero del Convenio de Girón, al día siguiente de la batalla, el bando perdedor, el peruano, reconoció la legalidad de la deuda pendiente.

 

La deuda total se fijó, a fines de 1827, en 3’595.748 pesos, como concepto de los gastos realizados, más los intereses desde abril de 1823. El Ecuador -mientras se mantenía la campaña contra los últimos reductos realistas en Pasto- se convirtió en un verdadero campamento para preparar la expedición bolivariana que concluyó con la Independencia peruana.

 

pocos años después del asesinato de Alfaro. Los primeros síntomas de la crisis del cacao se sintieron en 1914. Cuando se inició la primera guerra, se cerró el puerto de Hamburgo, por donde entraba a Europa parte significativa del cacao ecuatoriano. Simultáneamente se debilitaron los precios del cacao.

 

Posteriormente, entre 1920 y 1921, al poco tiempo de concluida la primera guerra mundial, se registró otra etapa crítica en la región, con una duración mucho mayor en el Ecuador, que fue afectado por problemas de largo aliento en la producción y exportación de cacao.

 

La crisis económica, que empezaba a gestarse con los estragos de la guerra internacional y con el levantamiento armado de casi cuatro años, en Esmeraldas y Manabí, liderado por Carlos Concha -portaestandarte de las ideas alfaristas-, creó las condiciones para que los billetes sin respaldo inundaran la economía y se empezara a vivir un creciente proceso inflacionario. Mientras que el Estado aumentaba su dependencia crediticia y también política frente a las entidades financieras privadas: la deuda interna, otro tema de preocupación permanente y con varios vasos comunicantes con la deuda externa.

 

Firmada la paz en Europa, la situación del caco ecuatoriano se complicó más con el aparecimiento de nuevos países exportadores de la fruta o sea más competidores. Esta mayor competencia provocó un exceso de oferta que redujo notablemente los precios, con el consiguiente deterioro de los términos de intercambio ante el incremento de los precios de los productos importados.

 

Al iniciarse los años veinte, los ingresos por las ventas de cacao bajaron drásticamente: en 1920, el precio del producto cayó en el mercado de Nueva York, de 26,76 dólares a 12,- dólares el quintal, para llegar en 1921 a 5,75 dólares. A la caída del precio se sumó la disminución de la producción, afectada por las plagas de la monilla, que apareció en 1917, y de la escoba de bruja, más devastadora que la anterior.

 

El monto de las exportaciones, que en 1920 por primera vez superó los 20 millones de dólares, se redujo a algo más de 9 millones en 1921, para luego de una ligera alza, volver a caer a 7,5 millones en 1923. La relación porcentual de las exportaciones de cacao en el monto global de ventas externas del país cayó de 77,3% en 1914 a 40,4% en 1918, para después incrementarse a 71,3% en 1920; desde dicho año cayeron las ventas de cacao a 29% en 1930.

Para completar el cuadro económico de crisis, el dólar, como era lógico esperar, se disparó de 2,25 sucres en 1920 a 5,40 sucres en noviembre de 1923: una devaluación de 140%. Devaluación que permitía sostener al menos temporalmente la competitividad de la producción exportable ecuatoriana y que aumentaba la rentabilidad de los exportadores. El manejo económico de esos años trasladaba el peso del ajuste a los sectores mayoritarios, tal como ha sucedido más de una vez a lo largo de la historia republicana.

 

Uno de los primeros efectos de la crisis del cacao fue el desempleo y la consolidación de formas precarias de producción. La mayor pobreza fue su resultado inmediato. Y a la postre la miseria de las masas se transformó en una creciente protesta, en el marco de varias movilizaciones de grupos que pretendían reivindicar sus derechos y sus aspiraciones. Los reclamos laborales, artesanales y campesinos se sucedieron en el país, hasta desembocar en la huelga general y la masacre del 15 de noviembre de 1922, en Guayaquil. Mientras en el puerto principal se producía “el bautismo de sangre de la clase obrera”, los levantamientos indígenas eran severamente castigados en la Sierra.

 

La devaluación del sucre se explica también por las presiones fiscales derivadas del servicio de la deuda pública. De esta manera, la terminación del auge cacaotero fue el resultado de situaciones producidas en el mercado mundial. Tal como sucedería en los años cincuenta y sesenta con el banano, y en los ochenta y noventa con el petróleo. Sin embargo, la crisis de los años veinte, agravada con la explosión de la Gran Depresión en los treinta, generó la época de más larga inestabilidad política y una recesión casi crónica, sin parangón por su duración en otras etapas de la vida nacional.

 

En la década de los veinte, a raíz de la “revolución juliana” de 1925, llegó la misión Kemmerer. Esta misión, contratada y financiada por el gobierno nacional, contó con el beneplácito del Departamento de Estado norteamericano, interesado en modernizar los sistemas monetarios y fiscales en muchos países del mundo. Uno de sus objetivos era impulsar la rehabilitación del crédito externo de los países asesorados. Todos los esfuerzos desplegados fueron vanos, en medio de la Gran Depresión, Ecuador, como la mayoría de países en el mundo, entró nuevamente en moratoria.

 

De esa situación empezó a salir el Ecuador inicialmente gracias a la creciente de manda de ciertos productos durante la segunda guerra mundial, como fueron la madera de balsa y los sombreros de paja toquilla. Desde fines de los años cuarenta, con los recursos relativamente abundantes que provenían de las exportaciones de banano, el Ecuador salió de ese largo período de estancamiento. En esas condiciones se pudo dar paso a un proceso de renegociación de la deuda externa en 1953. Al concluir los años cincuenta, la deuda externa alcanzaba 68,3 millones de dólares -poco más de 16 dólares por habitante- un incremento todavía moderado, que seguía ajustado a la limitada capacidad de pago del país y al todavía escaso atractivo que tenía la economía ecuatoriana para el capital transnacional.

 

En la estructura de los acreedores, el Eximbank y el gobierno de los Estados Unidos mantenían el grueso de la deuda, con un notorio aumento de los créditos del Banco Mundial y luego del BID, a partir de su creación en 1960. Posteriormente entró en la escena, y con gran vigor, la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID), dependencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las deudas antiguas todavía pesaban, pero con una participación decreciente.

 

En los años cincuenta, la contratación de los créditos seguía dominada  por el gobierno central y otras entidades públicas, y era aún relativamente bajo el endeudamiento externo del sector privado.

 

A inicio de la década de los sesenta, una vez más, el Ecuador sintió los efectos de su dependencia del mercado mundial. Muestra de ello es el descenso en las cotizaciones internacionales del cacao y el café. A lo cual se sumó la declinación de la bonanza bananera. El empeoramiento de la situación económica trajo también el agudizamiento de los problemas sociales. Los sectores populares fueron los primeros en sufrir el impacto de la crisis, produciéndose huelgas y reclamos, que culminarían en una nueva masacre en Guayaquil, en junio de 1959, durante el primer gobierno Social Cristiano. El mismo que se empeñaba en mantener la fachada del progreso y de la democracia formal, con los mismos argumentos que tantas veces se han esgrimido a la hora de justificar la aplicación de medidas económicas antipopulares.

 

En estas circunstancias y para poder equilibrar los déficit externos y, como se afirmaba en ese entonces, para consolidar el sistema constitucional, se solicitaba préstamos internacionales. En realidad se quería aprovechar las crecientes disponibilidades financieras internacionales para enfrentar los retos planteados por las demandas de la sociedad sin aplicar medidas correctivas, que habrían tenido necesariamente que afectar la estructura de la tenencia de la propiedad en la agricultura y de la todavía incipiente industria. Otra tarea que habría sido importante, en otras tantas en diversas áreas de la economía, habría sido una profunda reforma tributaria para que los que más ganan y poseen sean los que contribuyan al erario nacional.

 

En 1958, el gobierno socialcristiano llevó al país al FMI. Desde entonces, en la medida en que se agudizaba la crisis económica, con la consiguiente inestabilidad política, el Ecuador recurrió una y otra vez al apoyo financiero del FMI, contratando nueve créditos contingentes o stand by, en junio de 1961, junio de 1962, julio de 1963, julio de 1964, julio de 1965, julio de 1966, abril de 1969, septiembre de 1970 y julio de 1972. El último de esta serie en julio de 1972, pocos días antes de que se iniciaran las exportaciones de petróleo. Solo diez años después, cuando el país estaba atrapado en una nueva crisis externa, en 1982, se retornó al FMI.

 

En los años setenta, en pleno boom petrolero, el Estado, como resultado de su composición y origen, se convirtió en el elemento determinante para consolidar una tibia estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones. La riqueza petrolera ahondó aún más el nocivo extractivismo.

 

Además, Ecuador, como nuevo rico petrolero se convirtió en un atractivo sujeto de crédito en el mercado financiero internacional. La deuda, en esas condiciones, creció vertiginosamente. El monto de la deuda externa ecuatoriana, contratada por un gobierno dictatorial, creció en casi 22 veces: de 260,8 millones de dólares al finalizar 1971 a 5.868,2 millones cuando concluyó el año 1981. El servicio de la deuda externa experimentó un alza también espectacular: en 1971 comprometía  15 de cada 100 dólares exportados; diez años más tarde a 71 de cada 100 dólares.

 

En estos años de vorágine petrolera, justamente en el aniversario de la batalla de Pichincha de 1822, que selló la libertad de la Gran Colombia, el gobierno militar, el 24 de mayo de 1974, canceló los últimos tramos de la deuda de la Independencia. Y poco tiempo más adelante, como se anotó anteriormente, sobre todo desde 1977, empezó a consolidarse aún más la deuda de la dependencia.

 

Neoliberalismo al compás que tocó la banca

 

Desde 1982, cuando explotó una nueva crisis generalizada de deuda externa entre los países subdesarrollados, como ha sucedido a lo largo de la historia nacional (e internacional), el Estado se transformó en empresa de reparaciones del sistema. El Estado intervino a favor de los grupos más acomodados. Y los favoreció con la “sucretización” de la deuda externa privada, ejecutada al alimón por los presidentes Oswaldo Hurtado Larrea (1981-1984) y León Febres Cordero (1984-1988). Lo se hizo fue convertir las deudas de los agentes económicos privados en dólares, libremente contratadas fuera del país, en deudas en sucres frente al Banco Central, en condiciones ventajosas. Mientras que este banco, a su vez, asumió el compromiso de pago en dólares frente ante los acreedores internacionales. En la práctica, fue una garantía de crédito en favor de los acreedores externos y una garantía de cambio para los deudores en moneda extranjera.

 

La medida, de “naturaleza fraudulenta”, determinó que, a partir de 1983, la casi totalidad de la deuda externa del sector privado se convirtiera en forma indiscriminada en deuda del sector público, con una significativa dosis de generosidad e ingenuidad. No se analizó la situación de cada uno de los deudores, sus posibles disponibilidades de depósitos en el exterior, la existencia de garantías o el real destino de los fondos. Tampoco se previeron mecanismos para saber si las deudas declaradas estaban realmente pagadas: los registros del Banco Central sólo consideraban su ingreso y no su pago, y las deudas no registradas no tenían que pagar impuestos. No debería sorprender pues, que pueda haberse “sucretizado” más de un crédito ficticio y también créditos de otra manera irrecuperables.

 

Otro mecanismo beneficioso para los grupos de poder fue “la compra de cuentas especiales en divisas”. Partiendo del principio básico del mercado secundario, o sea del descuento existente en dicho mercado, el gobierno de Febres Cordero, con la bendición de los organismos multilaterales, permitió la compra de pagarés de deuda externa, sobre todo al sistema financiero. Estas operaciones fueron muy importantes para algunos bancos que atravesaban por serias dificultades. Los réditos provocados por este mecanismo se estiman entre 260 y 300 millones de dólares, si se calcula que los títulos de la deuda se habrían adquirido con un descuento promedio que pudo haber oscilado entre 60 a 70 por ciento.

 

En estos años de permanente ajuste, sobre todo durante el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), se “flexibilizó” el trabajo y el derecho laboral, al tiempo que las inversiones sociales perdían terreno frente al servicio de la deuda externa.

 

La deuda que fue otra de las grandes preocupaciones de la administración de Borja. En todo momento se consideró la reiniciación de las renegociaciones. En este ambiente no hubo la suficiente autonomía y dignidad para enfrentar los abusos de la banca acreedora. El gobierno prácticamente no reaccionó cuando, en mayo de 1989, el Citibank incautó 80 millones de dólares que habían sido ahorrados para reiniciar los mismos pagos simbólicos. Meses más tarde, las autoridades monetarias, empeñadas en capear el descontento nacional, llegaron a hablar de un arreglo satisfactorio del asunto, que no paso de ser una falsa información. Por más sacrificios asumidos y por más sumisión frente a los acreedores, la ansiada renegociación de la deuda no prosperó.

 

El gobierno conservador de Sixto Durán Ballén (1992-1996) nos remite a la época de Antonio Flores Jijón. Este fue, como lo sería pocos años más tarde el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003), uno de los más sumisos frente a los dictámenes de los acreedores internacionales. Durán Ballén, en 1994, consiguió renegociar la deuda en el marco del Plan Brady. El gobierno, según Abelardo Pachano -experimentado renegociador de la deuda ecuatoriana, responsable directo de la “sucretización” y un alto funcionario de los gobiernos democristiano y socialdemócrata-, el equipo gubernamental “bailó al compás que nos tocó la banca”. Dicho de otro modo, los renegociadores de la deuda no lograron obtener ninguna ventaja de las difíciles condiciones de la economía ecuatoriana y tampoco consiguieron que se reconozca los esfuerzos realizados por el país para tratar de cumplir con los compromisos adquiridos con la banca internacional. Y en lo concreto, como sucedió en renegociaciones anteriores, en las cuales tampoco se consideró el interés nacional, el Plan Brady, recibido con estruendosos aplausos por parte de los grandes medios de comunicación y que debía ejecutarse durante tres décadas, fracasó a los 5 años… un desenlace anunciado oportunamente.

 

El gobierno democristiano de Jamil Mahuad (1998-2000), dominado por la bancocracia, no tuvo la capacidad para desactivar la crisis que se veía venir desde 1992. En sus acciones, prefirió atender las demandas del gran capital, marginando, una vez más, a la mayoría de la población. Así, en agosto de 1999, apoyado por el FMI, resolvió declarar la moratoria de la deuda externa, luego de haber reajustado repetidamente la economía para intentar sostener su servicio, dejando incluso impagos, durante varios meses, a maestros, médicos, enfermeras y miembros de las fuerzas del orden. En estas circunstancias, este segundo gobierno democristiano dio paso al establecimiento de una base norteamericana en Manta, a espaldas de la sociedad ecuatoriana y sin pasar por el Congreso Nacional.

 

En contraposición con el discurso de  libre mercado no faltaron intervenciones del Estado a favor de bancos en situación crítica, a partir del salvamento del Banco Continental durante el gobierno de Durán Ballén. El problema se agudizó cuando el gobierno de Mahuad, a fines de 1998, estableció por recomendación del Banco Mundial, la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos) para que asumiera la garantía de todos los depósitos casi sin límites, mientras que los banqueros -en la práctica- no estaban obligados a entregar garantías adecuadas por los préstamos obtenidos. Este descabellado “invento” fue coherente con las tradicionales prácticas rentísticas.

 

Ante la eminencia de la quiebra bancaria generalizada, el Estado inició un proceso de  intervención o salvamento a los distintos bancos, lo que representó la entrega de miles de millones de dólares al sistema financiero asumidos por el  Estado. Así el discurso liberal quedó marginado con la intervención estatal, y más bien  afloró una de las facetas propias de la estructura autoritaria y paternalista de la sociedad ecuatoriana, en definitiva, del neoliberalismo realmente existente. El Estado controló por esta vía el 70% del patrimonio y el 60% de los activos de la banca. El salvamento representó sólo en el año 1999 casi el 30% del PIB, una de las mayores cifras registradas a nivel mundial en este tipo de operaciones. De esta manera se explica el desmedido aumento de la pobreza, pues el peso del salvamento se transfirió a la sociedad, mientras la mayoría de banqueros ponía a buen recaudo sus propiedades y sus inversiones. Este fue el tiro de gracia a la moneda nacional: el sucre. La dolarización fue impuesta el 9 de enero del 2000, por este segundo gobierno democristiano. Y el costo de este salvataje de los banqueros, incluyendo los corruptos que huyeron del país, representó un monto superior a los ocho mil millones de dólares.

 

Además de los problemas derivados de la liberalización financiera, de la política económica y de los problemas exógenos, un elemento clave en la crisis fue la propia gestión del sector financiero privado, ya que los dueños de muchos bancos no eran solo banqueros, como recomienda la lógica bancaria y la ética empresarial. Por el contrario,  aprovechando los depósitos de los clientes (y quizás la información que éstos les proporcionaban), expandieron sus dominios en otros ámbitos de la economía.

 

Como corolario de esta situación los propietarios de los bancos antes de entregarlos al Estado, reprogramaron sus créditos vinculados, muchos de ellos en condiciones extremadamente ventajosas (cero intereses, siete años de plazo y uno de gracia), operaciones con altos beneficios si se considera la masiva devaluación experimentada por la moneda nacional entre 1998 y el 2000. En este contexto, el sistema financiero, como consecuencia directa de la liberalización de la cuenta de capitales y afectado también por la crisis, luego de lucrar de un ambiente favorable para la especulación más que para la producción, terminó por transformarse en un lastre para el desarrollo.

 

El presidente Gustavo Noboa Bejarano (2000-2002), que había formado binomio con Mahuad, inauguró su gestión ratificando la dolarización impuesta por su antecesor derrocado por una revuelta popular-militar, profundizando el manejo neoliberal/patrimonialista y protegiendo a la banca, incluso a los banqueros corruptos así como a los grandes deudores de la banca quebrada y administrada por el Estado.

 

Con la dolarización desapareció el sucre, que había sido la moneda nacional durante 115 años. El sucre, que al nacer tenía una paridad equivalente al dólar, al tiempo de su desaparición forzosa apenas equivalía a 4 cien milésimas de dólar.

 

Una de las tareas derivadas de la transformación monetaria fue la renegociación de la deuda externa. Con una velocidad pocas veces vista en la historia nacional, se negociaron los Bonos Global. No se consideró la capacidad de pago de la economía nacional. No se estableció cláusulas de contingencia para prever una caída del PIB o el alza desmedida de la tasa de interés en el mercado internacional o una reducción del precio del petróleo u otro “fenómeno del Niño”. Ni siquiera se pensó en un período de gracia hasta que se recupere la economía ecuatoriana. Tampoco se incorporó otros temas como la legalidad de la deuda. Y como en tantas otras ocasiones, se entregó amplios beneficios a los acreedores.

 

Una muestra de aquello es la creación del Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), establecido en el 2002, que permitió el incremento sustantivo de las cotizaciones de los Bonos Global.

 

En concreto, apegándose a la lógica del mercado financiero internacional, se quiso recuperar, a cómo de lugar, la imagen de credibilidad externa para volver a contratar deuda en dicho mercado. Lo que, como se anticipó, provocaría nuevas dificultades en poco tiempo.

 

A lo anterior habría que incorporar el efecto de una serie de restricciones fiscales. Así, con respecto a los gastos, en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, que creó FEIREP en el año 2002, entre otras cosas, se estableció que el gasto fiscal real no puede incrementarse sobre el 3,5% anual más el deflactor del PIB. Cualquier excedente fiscal que se registraba fluía automáticamente al FEIREP. De esta manera, sin importar incluso ingresos extras que pudiera obtener el Estado -por ejemplo una donación externa o mayores precios del petróleo-, la ley establecía que no se puede aumentar el gasto público más allá del límite establecido. Nótese que esto le ponía un freno automático a la inversión social.[9] La prudencia ortodoxa apuntaba a ahorrar en época de vacas gordas no para que la sociedad disponga de reservas en los años críticos, sino para poder mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas. Una situación aberrante, pues priorizando el pago de la deuda no se ha beneficiado nunca el país.

 

En realidad, con los recursos del FEIREP se recompró exclusivamente deuda pública interna para financiar el Presupuesto y así atender, de carambola, a los acreedores externos: la sola existencia de dicho Fondo maximizó el precio de los Bonos Global, pues para eso fue expresamente creado el FEIREP. Y esa sola revalorización, que podría haber cobijado actos de colusión y uso indebido de información privilegiada, otorgó ganancias potenciales a los tenedores de bonos -muchos de ellos ecuatorianos, entre los que están la banca privada- al menos por 1.400 millones de dólares.

 

El presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) completó el manejo de Gustavo Noboa Bejarano. Con su política económica -permanentemente monitoreada por el FMI-, logró incrementar sustantivamente la cotización de los Bonos Global. Al inicio de su gestión, en enero del 2003, los Bonos a 12 años ya se cotizaban a 67% y los Bonos a 30 años, en 48%. Sólo ese año, con el auge de la política ortodoxa, estos papeles alcanzaron valores inimaginables: los primeros llegaron a 101%, y los segundos, al 85%, y siguieron subiendo.

 

El coronel Gutiérrez se preocupó por cumplir con las demandas de los acreedores de la deuda externa. Esa fue una de sus principales motivaciones económicas. De paso quería mejorar la imagen del país en el mercado financiero mundial para continuar contratando créditos externos. Los acreedores de la deuda externa, en esos años, recibieron no sólo puntualmente su dinero, sino cantidades cada vez más altas…

 

El coronel presionado por la ciudadanía sobre todo quiteña salió corriendo de la Presidencia el día 20 de abril del 2005, durante lo que se conoció como “la rebelión de los forajidos”. Poco después abandonó su exilio en Brasil  y viajó a Estados Unidos; viaje y permanencia en dicho país fueron financiados por Barclays Capital Inc., entidad que se beneficiaba de la política económica de su gobierno, en tanto receptora de los excedentes petroleros destinados al servicio de la deuda pública.

 

Y como si lo anterior no fuera suficientemente lamentable el grado de sumisión a los acreedores internacionales, a lo largo de la historia varios han sido los intentos en los países centrales para tratar de demostrar que las crisis internacionales han sido desatadas por problemas surgidos en el mundo pobre. Así, se ha dicho que las crisis de 1825-26, 1873, 1890, 1920 y de los años treinta se habrían producido por dificultades derivadas por el no pago de los empréstitos latinoamericanos; y, la gran crisis de la deuda de los años ochenta -ya en el siglo XX- la endilgaron al alza de los precios del petróleo… ¡Audacia y cinismo van siempre de la mano!

 

A modo de epílogo

 

En todos estos años, los representantes de los organismos internacionales y aún los gobernantes de los países ricos, acolitados por sus infaltables analistas y sus fieles voceros en los países endeudados, no se cansaron de repetir que la culpa de la crisis del endeudamiento externo la tienen los gobiernos de los países empobrecidos, sobre todo por el dispendio de los recursos contratados y por haber aplicado políticas económicas“populistas”. En esta afirmación, se sintetiza una apreciación unilateral que endilga los problemas a los países subdesarrollados.

 

Desde esta posición los países desarrollados, de paso, han negado cualquier corresponsabilidad en su calidad de acreedores y, de hecho, no han permitido investigar los procesos de endeudamiento externo, su legalidad y menos aún su legitimidad. Por otro lado, no han faltado representantes de los países endeudados y líderes de opinión en dichas naciones que asumen como indiscutible el compromiso de pago de la deuda; incluso han sido varios los gobernantes, como Sixto Durán Ballén, para mencionar apenas un gobernante de años recientes, que aceptaron que los países empobrecidos por la deuda son los responsables de esta situación. Y son reiteradas las voces de estos personajes que han amenazado con catástrofes insospechadas en caso de suspensiones del servicio de la deuda…

 

Es cierto que el problema del endeudamiento externo se explica, en parte, por las inadecuadas políticas económicas (impuestas por los centros de poder mundial) y, también, por la acción de los gobiernos y, en especial, de las elites dominantes en los países endeudados. Dichos gobiernos, muchos de ellos dictatoriales, aprovechando las condiciones reinantes en el mercado financiero internacional, recurrieron alegremente al endeudamiento externo en lugar de introducir las reformas estructurales que habrían sido indispensables. Por ejemplo, durante la dictadura militar de los años 70 se descuidó sistemáticamente el cobro del impuesto a la renta. Además, los gobernantes en reiteradas ocasiones han transferido masivamente los recursos contratados en el exterior en favor de las clases propietarias; recursos que en más de una ocasión se fugaban de los países deudores. Y en otras ocasiones dieron paso a que sea el Estado, es decir la sociedad, la que asuma el pago de las deudas; la “sucretización” constituye un caso realmente paradigmático.

 

A primera vista parecería que el problema se circunscribe en el ámbito de los deudores. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta. En el proceso de endeudamiento hay una indudable participación de los acreedores, que han impuesto su voluntad en una suerte de chantaje perpetuo. Valga solo recordar como a inicios de los años ochenta la política económica restrictiva de los Estados Unidos provocó un encarecimiento y una notable disminución de los préstamos para los países subdesarrollados. Esta estrategia, en definitiva, apuntó al fortalecimiento del sistema capitalista a nivel mundial, imponiendo cambios en las políticas de los países pobres para que se reajustaran a los nuevos requerimientos de las naciones del Norte, en especial de los Estados Unidos.

 

Así las cosas, esta concepción -incluso al rebasar las fronteras de lo económico- contribuyó para introducir la propuesta neoliberal con la fuerza de una ideología totalizante, apta para garantizar la proyección del poder global del capital transnacional en el mundo. Y, además, los países endeudados se transformaron, vía servicio de una deuda muchas veces corrupta o usuraria, en financistas de las grandes economías del mundo.

 

Desde el año ochenta hasta el año noventa América Latina, cuando sus economías estaban estranguladas por la crisis de la deuda, realizó una transferencia neta negativa por 238 mil millones de dólares a los acreedores, sobre todo a los EEUU.[10] Transferencia que se calcula sumando los nuevos préstamos al monto de deuda existente en 1980 por 228 mil millones de dólares, y restando el pago del capital y en especial el servicio de los intereses. Al año 1990, la deuda externa, como por arte de magia, alcanzó los 442 mil millones de dólares. Se pagó en términos netos una suma enorme: 238 mil millones y la deuda creció en casi 220 mil millones. La deuda externa adquirió vida propia. Se instauró la locura financiera, la lujuria especulativa, la sin razón de los intereses usurarios que se cobran sobre los intereses atrasados. La deuda se volvió impagable.

 

El saldo de esta situación para Ecuador, desde que en mediados de la década de los setenta con la dictadura militar empezó un proceso de endeudamiento agresivo, la magnitud de la sangría experimentada por efecto del servicio de la deuda externa fue enorme. Desde 1976 al 2006, el país realizó una transferencia neta negativa de 7.130 millones de dólares.

 

Antes de concluir esta en extremo apretada síntesis de lo que ha sido la historia de la deuda eterna, conviene recordar que desde los inicios de la República las renegociaciones de la deuda externa han constituido una repetición de desgracias, embustes y peculados, así como de esperanzas frustradas ante una actitud prepotente y agresiva de los acreedores. Actitud alentada por la complicidad, consciente o no, de los negociadores ecuatorianos.

 

Muchas de las deudas contratadas a lo largo de la historia republicana caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura, por ejemplo); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcionadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda)  y hay por cierto créditos corruptos (contratados en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a las normas internacionales). Además habría que considerar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas“estatizadas” o “socializadas”, etc.[11] Realidad que aparece en casi todos los contratos de la deuda externa ecuatoriana, tal como se ha comprobado documentadamente.

 

Tengamos presente que en Ecuador, tal como ha demostrado el “Informe final de la auditoria integral de la deuda ecuatoriana” (2008), los acreedores privados aseguraron sus intereses en abierto contubernio con los organismos multilaterales de crédito: FMI, Banco Mundial, BID; e, incluso de algunos gobiernos acreedores; casi siempre con el cómplice apoyo de los negociadores nacionales. Siguiendo los hallazgos publicados en este Informe, se configuró una

 

“coalición multilateral para apoyar y asegurar, en primer lugar, la negociación del Plan Brady, cuya legitimidad y legalidad están sólidamente cuestionadas en el examen que la Comisión hace de la deuda comercial; y, con la percepción de ocasión propicia, introducir la doctrina económica del momento relacionada con la reducción del tamaño y rol del Estado, las privatizaciones, la liberalización comercial y productiva, a espaldas de las inequidades prevalecientes y los impactos sociales.”

 

Este es otro elemento fundamental: la deuda sirvió como palanca para impulsar el Consenso de Washington.

 

A pesar de tanto entreguismo y condescendencia para con los acreedores, también hubo épocas, muy pocas por cierto, en las que el Estado ecuatoriano priorizó los intereses nacionales. Eso sucedió con el presidente Eloy Alfaro y de alguna manera también con el presidente Rafael Correa, quien no impugnó toda la deuda como lo hizo Alfaro. En el año 2008, asumiendo los resultados de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, creada por el mismo Correa, su gobierno declaró la suspensión de pagos de un tramo de la deuda externa comercial, por considerarla ilegítima e ilegal. Unos meses más tarde, archivando el reclamo de ilegitimidad e ilegalidad, el gobierno de Correa recompró parte de los Bonos Global que habían sido declarados en moratoria.

 

En este contexto, la indicada Auditoría, que surgió como una propuesta ciudadana, no tendrá ninguna trascendencia sino hay respuestas jurídicas y también políticas respaldadas con amplias acciones sociales. Pero sobre todo se requiere una estrategia que sea coherente, pues no se entiende, a la luz de dicha Auditoria, cuyo valor histórico es incuestionable, que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se haya otorgado amnistía a uno de los gobernantes responsables de los capítulos más oscuros de la deuda externa, el de la negociación de los Bonos Global: Gustavo Noboa Bejarano, por iniciativa del propio presidente Rafael Correa, quien conformó y alentó decididamente el trabajo de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.[12]

 

En ambos casos -a fines del siglo XIX con el presidente Alfaro y a inicios del siglo XXI con el presidente Correa- esta decisión se sustentó en una investigación sobre el proceso de endeudamiento. Con estas investigaciones se demostró que la ilegalidad y la ilegitimidad han acompañando permanentemente a las sucesivas renegociaciones de la deuda. Emilio María Terán, al comparar el arreglo de Flores Jijón con el logrado en la renegociación anterior -convenio Espinel-Mocatta-, señalaría que “ambos son peores”.[13]

 

A similar conclusión se podría llegar en la actualidad si comparáramos las renegociaciones de los Bonos Brady en el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la de los Bonos Global en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. En ambos casos se hizo “todo en función de los acreedores”, tal como demostró el propio Rafael Correa en junio del 2004, cuando -antes de ser presidente- estudió el arreglo de los Bonos Global, que partió del también pernicioso arreglo de los Bonos Brady. Este criterio lo ratificaría el presidente Rafael Correa en su libro “Ecuador: de Banana Republic a la No República”, editado en el 2009.

 

Para concluir tengamos presente que casi siempre los gobiernos latinoamericanos siempre han mantenido una actitud sumisa y condescendiente con la banca internacional, las transnacionales, los organismos multilaterales de crédito y los gobiernos de los países ricos. Además, las elites del Ecuador, por su complicidad con los acreedores (ya sea por que se transformaron en tenedores de papeles de la deuda o por el miedo al “gran garrote”imperial), nunca plantearon salidas conjuntas. Siempre se impusieron los clubes de los acreedores (Club de París, Club de Londres o el Consejo de Tenedores de Bonos de la deuda de la Independencia).

La deuda ha sido un mecanismo de exacción de recursos desde los países pobres y de imposición de políticas desde los países ricos. La deuda ha sido y es, en términos de Karl von Clausewitz si hubiera abordado las finanzas y no la guerra, la continuación de la política con otros medios. Desde esta lógica la gestión de la deuda externa engarza con otro axioma del propio Clausewitz, según el cual la deuda ha sido un acto de violencia cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los acreedores.

 

 

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